Almería encabeza las renuncias a VPO por denegación de préstamos

ALMERÍA
Redacción.-A.Rico La parlamentaria andaluza del Partido Popular de Almería Rosalía Espinosa ha afirmado hoy que la crisis económica sigue haciendo mella en nuestra provincia y que una muestra más de ello es que Almería encabeza, según ha reconocido el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ante una pregunta formulada por el Partido Popular, las renuncias a viviendas protegidas por denegación de préstamos con un total de 25, seguida por Huelva con 24, Málaga con 16, Granada con 10, Sevilla con 5 y Córdoba con 3.
Desde el Gobierno Andaluz afirman que “en lo que respecta a las renuncias de viviendas protegidas en el caso de las actuaciones promovidas por la Empresa Pública de Suelo de Andalucía, de las 1.230 viviendas cuya adjudicación se ha producido desde comienzo de 2008 en toda Andalucía, se han producido 83 renuncias por la denegación de préstamos a viviendas protegidas, todas ellas por no cumplir el adjudicatario en el momento de la concesión del préstamo los requisitos económicos exigibles”. En cuanto a los municipios donde se han producido las renuncias a VPO por no poder acceder a un préstamo son Huércal-Overa, Oria, Roquetas de Mar, Urrácal, Vera y Vícar.

Rosalía Espinosa afirma que actualmente el problema de acceso a la vivienda se encuentra en “la financiación”, en el hecho de que los bancos no conceden hipotecas y, en el caso en que si las conceden, el comprador no tiene dinero para pagar la entrada, la cual normalmente constituye el 20% del valor del inmueble.

Ante esta situación, la parlamentaria popular afirma que desde el PP se han planteado varias medidas para acabar con el grave problema del acceso a la vivienda. Así recuerda como se apuesta por “establecer y desarrollar medidas que permitan reducir hasta en un 75% el importe económico que los ciudadanos pagan actualmente por la entrada para acceder a una vivienda protegida”.

“De una vivienda protegida de 90 metros cuadrados y 120.000 euros de coste, el banco únicamente financia el 80 por ciento, de manera que el 20 por ciento restante -24.000 euros en este caso- tiene que ser abonado al principio por el comprador, y hoy en día, tal y como está la situación económica es muy difícil que una persona tenga ahorrado ese dinero para dar la entrada”, manifiesta.

Por otra parte, Rosalía Espinosa señala que el PP también va a exigir en el Parlamento Andaluz un registro único de demandantes de vivienda protegida que garantice la igualdad de todos los andaluces y almerienses en el acceso a la vivienda y evite que se perpetúe la política de “caos y lotería” en la adjudicación de VPO.

La parlamentaria del PP recuerda que el gobierno andaluz publicó el 1 de julio una orden que obliga a los Ayuntamientos a crear registros municipales de demandantes a pesar de que la Junta de Andalucía tiene la competencia exclusiva en materia de vivienda en virtud del artículo 56 del Estatuto de Autonomía.

“El Gobierno Andaluz pretende hacerse con un registro a costa de los Ayuntamientos sin facilitarles los medios necesarios, la financiación correspondiente ni criterios comunes”, afirma.

Rosalía Espinosa continúa explicando que el Plan Estatal de Vivienda (2005-2008) ya preveía la posibilidad de elaborar registros autonómicos con financiación estatal. El gobierno andaluz renunció y optó por mantener el procedimiento del sorteo para la selección de los adquirentes de las viviendas, contribuyendo al colapso en las adjudicaciones, las colas y los bombos con las bolas, así como a la idea de que la vivienda es una lotería en Andalucía y además es gratis.

Espinosa señala también que además del caos en las adjudicaciones, la existencia de 770 registros diferentes no asegura unos criterios comunes en la valoración de los datos de demandantes, no establece políticas supramunicipales en áreas metropolitanas y no asegura la igualdad, la transparencia y la pública concurrencia.

Por otra parte, afirma que la elaboración de los registros municipales debe ser optativa, y en cualquier caso, la Junta debe financiar y dotar de los medios necesarios para ejercer esta competencia impropia de los Ayuntamientos.

En este sentido, explica que el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012 establece que el Ministerio de Vivienda subvencionará hasta el 40 por ciento del coste de los registros de demandantes, un dinero que recibirá la Junta de Andalucía a pesar de que obliga a los ayuntamientos a elaborar los registros.